Por José Ramón Caso, CEO de Ketchum Public Affairs. Los inesperados resultados de la Elecciones Autonómicas en Cataluña, celebradas el pasado domingo, han provocado una situación convulsa y de inestabilidad que conviene analizar, dada la enorme importancia política y económica que tiene Cataluña.

En primer lugar, conviene recordar que la convocatoria anticipada (después de solo dos años de legislatura) no obedecía a ninguna dificultad de gobernar por parte de CiU, que contaba con el respaldo principalmente del PP en asuntos relacionados con la política de austeridad exigida por la Unión Europea para cumplir el objetivo de déficit y con el apoyo de otras fuerzas políticas en su intención de modificar la financiación autonómica y la reclamación del derecho de autodeterminación.

CiU convirtió en urgente la negociación bilateral del pacto fiscal, un modelo de financiación similar al concierto vasco y navarro, y consiguió calar en la sociedad la idea de que Cataluña estaba siendo expoliada por España en materia fiscal y de inversiones. Esta sensación creciente pareció materializarse en la manifestación de la Diada (Fiesta nacional catalana) del pasado 11 de septiembre, convocada inicialmente por las fuerzas más independentistas y a la que se sumó CiU cuando percibió que sería históricamente masiva (en torno a un millón y medio de personas). CiU y su líder Artur Mas pensaron que se daban las condiciones para dar un paso adelante y convocar unas elecciones, planteadas como un plebiscito sobre el “derecho a decidir” mediante una consulta pública a los catalanes. Con ello conseguía, además, evitar un debate sobre la política de recortes que venía ejecutando.

Esta estrategia, según adelantaban las encuestas, parecía que tendría éxito, aunque esa percepción se fue reduciendo a lo largo de la campaña, hasta acabar con unos resultados nada esperados, en lo que CiU no solamente no obtuvo la mayoría excepcional que solicitaba, sino que perdió 12 escaños en el Parlament, pasando de 62 a 50.

Al margen de la enorme participación electoral, diez puntos por encima de las anteriores elecciones autonómicas catalanas en 2010, es decir, 500.000 votantes más, merece la pena desglosar el análisis de los resultados en torno a los grandes bloques que presenta la demografía electoral en Cataluña:

  • Bloque nacionalista/independentista formado por CiU, ERC y CUP. Ha conseguido 1.780.000 votos, el 49% de los votos válidos emitidos. Ha incrementado en 255.000 votos, pero ha retrocedido un punto respecto al 50% que consiguió en 2010. Lo más llamativo es sin duda la pérdida de 90.000 votos de CiU. Es difícil hacer una interpretación segura, pero parece que parte de los votantes más independentistas de CiU han preferido votar a la opción más creíble en este eje, que no es otra que ERC, que se ha erigido como el gran vencedor de estos comicios, pasando de 10 a 21 escaños.
  • Bloque constitucional, formado por PSC, PP y C’s. Ha obtenido 1.270.000 votos, el 35% del total de votos válidos emitidos, incrementando en 201.000 votos con respecto a 2010, merced a C’s que ha logrado 169.000 votos más y al PP que ha obtenido un crecimiento de 84.000 votos. Por su parte, el PSC ha conseguido limitar su pérdida de votos a 52.000.
  • ICV. En campaña se ha distanciado de la polémica sobre la independencia y se ha centrado en atacar la política de recortes del Gobierno de Artur Mas y en reclamar una política más social. Sobre el modelo de Estado, solo ha reclamado una reforma constitucional, rechazando el independentismo. Ello le ha permitido capitalizar el voto de izquierdas que no quiere el independentismo y beneficiarse de la crisis del PSC. Ha obtenido 359.000 votos, lo que supone un crecimiento de 128.000 respecto a 2010.

En este contexto, ¿qué panorama se abre en la política catalana a partir de ahora? Por de pronto, CiU tiene un escenario complicado por delante. Tiene que formar un Gobierno estable y además tendrá que revisar su estrategia a medio plazo. El liderazgo de Artur Mas ha quedado muy tocado.

La lógica política de las prioridades marcadas por CiU sitúa a un acuerdo con ERC como el escenario más probable, dado que CiU parece que mantiene como prioridad la celebración de una consulta sobre la autodeterminación. En ese camino le acompañaría ERC, pero a la vez esta formación no querrá estar junto al Gobierno en la política de recortes adicionales que debe acometer el gobierno catalán. No olvidemos que una de las primeras medidas del nuevo gobierno será aprobar los Presupuestos de Cataluña para 2013, que deben incluir un recorte de 7.000 millones de Euros para cumplir el objetivo de déficit. ERC no quiere compartir en absoluto esa responsabilidad y, en todo caso, plantearía que los ajustes se realicen mediante incrementos de impuestos a las rentas más altas y a las empresas y no mediante recortes sociales. Estas exigencias chocan  con la base electoral de CiU, por lo que el acuerdo será muy difícil. CiU pretende forzar dicho acuerdo con ERC responsabilizándola de que si no recibe su apoyo, no podrá celebrarse la consulta.

Otra opción es un acuerdo con el PSC, pero tendría que aceptar sus propuestas de un lento proceso de reforma constitucional hacia el federalismo. Los socialistas podrían verse tentados a pactar acuerdos que les lleven a recuperar parcelas de poder en Ayuntamientos, Diputaciones, etc., pero eso podría dejar el liderazgo de la izquierda social en manos de ICV.

Por su parte, el PP se instala en una cómoda posición. Si el PSC falla en su estrategia, podría convertirse en la primera alternativa a CiU en las próximas Elecciones Generales. Mientras tanto, combinará una oposición parlamentaria en las iniciativas independentistas con una colaboración en materia de inversiones, financiación, cooperación institucional, etc.

En conclusión, los resultados electorales han provocado una escena de incertidumbre política en Cataluña, con un Gobierno de CiU cuya capacidad de acción política se verá muy limitada por sus potenciales socios preferentes y con un relajamiento de la presión soberanista, aunque no su desaparición. La evolución del proceso de autodeterminación vendrá influenciada por la duración de la crisis económica y por el nuevo modelo de financiación autonómica para toda España que debe ponerse en marcha antes de 2014.

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